Carlos Felipe Fernández, conocido empresario de la zona de Cañuelas, fue detenido, imputado e indagado por ser considerado autor del delito de trata de personas agravado por la cantidad de participantes, abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas y el sometimiento a coacción. La calificación de los delitos es provisoria y puede modificarse durante la investigación que recién se inicia.
Fernández es dueño de la empresa avícola Supremo S.A, con plantas y campos ubicados en Cañuelas y Las Heras y la administración en el partido de Morón. Es una firma que se dedica al criado, faena y comercialización de pollos.
Fernández fue detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan pablo Augé ante un pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien tiene a su cargo la investigación iniciada a partir de una denuncia por trabajo esclavo hecha por Sebastián Murúa, inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
En esa denuncia se puso de manifiesto el modo en que trabajaban unos 30 trabajadores de los 300 empleados de la avícola. Eran trabajadores –la mayoría de nacionalidad paraguaya- que estaban registrados pero que vivían en condiciones infrahumanas en las dos granjas donde se criaban los pollos.
Una mujer de 31 años que trabajó en uno de los campos murió en octubre pasado de hantavirus. Así se determinó en el Instituto Malbrán tras analizar las muestras de sangre que le tomaron a la mujer en el hospital Regional de la Cuenca Alta de Cañuelas donde falleció. Fue el resultado de los análisis lo que generó una alerta sanitaria en la zona y a raíz de ello se realizó la inspección del RENATRE.
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