El proyecto para pagar la deuda del FMI

El Senado de la Nación comenzó a tratar en comisiones el proyecto que busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el eje de los debates se focaliza en que el Estado tome cartas en el asunto con respecto a quienes tienen stock de capital y bienes en el exterior sin declarar. El objetivo es recaudar el dinero necesario para hacer frente a los pagos de deuda.

¿Cuáles son los ejes centrales del proyecto? Establece la creación de un Fondo con un aporte especial sobre los bienes sin declarar equivalente al 20 por ciento de lo fugado, que aumenta al 35 por ciento luego de seis meses de aprobada la ley. Se propone la figura del “colaborador”, personas físicas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados y se promueve la reforma de la ley de Entidades Financieras en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. Los impulsores del proyecto estiman que se puede llegar a recaudar más de 20 mil millones de dólares, y no es menor que los montos deban ser abonados en dólares ya que se busca que retornen al país para el pago de los 44 mil millones de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Aclarado lo anterior, cabe preguntarse ¿por qué es un buen proyecto? En primer lugar, porque va en busca de los dólares que están en el exterior y que fueron fugados incumpliendo el pago de tributos al fisco, es decir, va en busca de los evasores. Según señala el informe sobre Posición de Inversión Internacional del Indec, Argentina es un acreedor neto del mundo, en otras palabras, hay más dólares en el exterior que lo que se debe de deuda. Las estimaciones indican que hay unos 360 mil millones de dólares en el extranjero, pero según datos de AFIP, sólo entre 60-70 mil millones están declarados, rastrear y accionar sobre esa diferencia es lo que propone este proyecto.

Por lo tanto, vale subrayar que la iniciativa no afecta la inversión productiva nacional ni recae sobre el conjunto de las y los argentinos que no se vieron favorecidos por los millones de dólares del FMI y que además tampoco compran dólares en la misma magnitud que quienes se vieron beneficiados por la dolarización de sus excedentes.

Según un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si se analiza quiénes fugaron a lo largo de estos años, es posible detectar que se trata siempre de las mismas personas. La investigación identificó 16 casos de ricos del país y al contrastarlos con los listados de fuga se detecta que entre el 2015/2019 aparecen 13 de los 16 nombres, en el listado del 2011 son 10 de los 16, en 2008/2009, 7 casos y en el listado de fuga de 2001, 8 de los 16 ricos.

Respecto a los lugares donde existen sociedades constituidas, el informe releva: dos casos en Islas Bahamas, tres en Delaware, diez casos en Uruguay, cinco en Islas Vírgenes, cuatro en España, cuatro en Liechtenstein, tres casos en Luxemburgo, tres en diferentes estados dentro de EE.UU. y dos casos en Países Bajos. Se trata de sociedades en lugares que están reconocidos como guaridas fiscales o países de baja tributación.

Otro aspecto clave tiene que ver con el vínculo del dinero fugado con los fondos de la deuda. Si se compara la curva de fuga en el periodo 2018-2019 y la curva de los desembolsos del FMI es posible observar que son equivalentes, y que cada tres meses los fondos que habían llegado ya no estaban. En decir que la fuga se equipara al préstamo del FMI. Entre 2016 y 2019 las compras mensuales en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) ascendieron a 83 mil millones de dólares, sin embargo, esos fondos no salieron del superávit comercial ya que en dicho periodo fue de 6.057 millones de dólares, salieron de la deuda.

Es por ello que también el rol del organismo multilateral de crédito no es menor para lograr que quienes fugaron, retornen los fondos y hagan un mayor esfuerzo contributivo para afrontar la deuda. ¿Cómo detectarlos? Con la colaboración del propio FMI y de otros organismos internacionales e incluso de los países en donde existan convenios de intercambio de información con Argentina, así como reactivando las áreas especializadas en fiscalización internacional que fueron congeladas durante la gestión de Macri. En definitiva, nadie puede estar éticamente en contra de que quienes evadieron, paguen.

El proyecto de creación de un fondo para la cancelación de la deuda con el FMI presentado en la cámara de senadores se destaca por colocar en el centro del debate uno de los problemas fundamentales del subdesarrollo argentino: la fuga de capitales.

Desde los años 1980, las investigaciones pioneras de Eduardo Basualdo mostraron que el cambio en el sistema económico impulsado por la gestión de Martínez de Hoz durante la dictadura cívico-militar consistió, entre otros aspectos, en la elevación del endeudamiento externo argentino. El mismo, lejos de contribuir a la ampliación de las capacidades productivas, financió en buena medida la fuga de capitales de los principales actores del poder económico.

Las consecuencias del incremento en la deuda externa condicionaron sistemáticamente las políticas públicas y dañaron la soberanía económica nacional. Los gobiernos argentinos desde 1983 se vieron obligados a diseñar planes económicos que estaban condicionados por el tratamiento de la deuda, particularmente pública. En el caso de la administración de Cambiemos (2015-2019) el incremento resultó tan significativo, que rápidamente desató la crisis que el país transita desde 2018.

Como resultado de la centralidad del endeudamiento externo en la política argentina, necesariamente el tema reaparece en la agenda pública, especialmente cuando los gobiernos, como el actual, heredan una situación insustentable. Lo que menos se ha debatido es la necesidad de atacar la contracara de dicho proceso: la exteriorización de riqueza del país. Por tal motivo, conviene señalar algunos hechos fundamentales:

- Desde los mediados de los años 1970 hasta el 2019, hemos estimado desde el área de economía y tecnología de FLACSO que se fugaron del país unos cerca de 500.000 millones de dólares (a valores actualizados a la fecha). La cifra equivale más del 100 por ciento del PBI argentino (es decir, el total de bienes y servicios producidos por el país en un año).

- Solamente entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 se fugaron cerca de 100.000 millones de dólares.

- Si se compilan distintas evidencias, como la denuncia del exasesor de JP Morgan, Hernán Arbizu, cuentas del BNP Paribas, la denuncia de la AFIP sobre cuentas de HSBC en Ginebra, las compras de divisas presentadas por el Banco Central, los Papeles de Panamá y Bahamas, entre otras, se advierte que la fuga de capitales es una práctica sistemática de una porción de los individuos de mayores ingresos en Argentina.

- Quienes aparecen recurrentemente en los listados de fuga están ligados al poder económico del país, pues forman parte o son propietarios de empresas como: Shell, Esso, Pluspetrol, San Antonio Internacional, Molinos Rio de La Plata, LDC, Ledesma, Bagley, Arcor, Aceitera General Deheza, Aluar, Acindar, Clarín, Coto, Loma Negra, etc.

- De este modo, algunos de los apellidos que ocupan un lugar destacado en la lista de fugadores de capitales son Acevedo, Bagó, Blanco Villegas, Blaquier, Costantini, Fortabat, Fravega, Pagliaro, Salaber, entre otros, que se encuentran en ligados a las principales empresas del país.

En este contexto, las iniciativas que ponen el acento en la necesidad de debatir la generación y destino de la riqueza en Argentina se vuelven centrales, porque el problema del país no es que no genera suficientes divisas, sino que buena parte de las mismas terminan escapándose del circuito financiero local. Sin esos recursos, caen las reservas del Banco Central, se deprecia el peso, se resignan inversiones, se recaudan menos impuestos y se reproduce la espiral del subdesarrollo.

La imposición sobre los capitales en el exterior se vuelve una necesidad. Pero la iniciativa debe servir para avanzar en un debate sobre los impuestos en la Argentina. Los mismos deben ser más simples, fáciles de recaudar y fundamentalmente progresivos, cargando crecientemente a quienes más propiedades e ingresos tienen, para ofrecer mejores bienes y servicios públicos, y garantizar derechos.

Fuente: Página 12