El gobierno bonaerense considerará como una "infracción grave" del Pacto Federal del Trabajo los despidos y suspensiones que se dispongan en el distrito, en violación de lo previsto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, según informó la Agencia Télam.
El gobierno nacional prorrogó por 60 días la prohibición para las empresas de efectuar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor, medida excepcional relacionada con la retracción económica derivada de la pandemia de coronavirus.
En ese marco, el Ministerio de Trabajo bonaerense publicó hoy en el Boletín Oficial del distrito la resolución 174 que determina que "los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de lo previsto en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º, del DNU Nº 329 serán considerados como infracciones graves en los términos previstos por el inciso g) del artículo 3º, Capítulo 2º, ANEXO II del Pacto Federal del Trabajo".
En los fundamentos de la medida, se recordó que el decreto nacional busca considerar "indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo, en aras de preservar la paz social en el marco la emergencia pública en materia sanitaria que se transita".
"En consecuencia, toda disposición por parte de los empleadores que contraríe lo establecido por el Decreto Nº 329 se encuentra desprovista de efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales", se añadió.
Se especificó además que el Pacto Federal del Trabajo "prevé que son infracciones graves 'toda otra violación o ejercicio abusivo de la normativa laboral no tipificada expresamente en esta Ley, establecida para proteger los derechos del trabajador".
Así, el gobierno bonaerense destacó que "se torna necesario ponderar la conducta del empleador que intenta desconocer la normativa dictada en el marco de la emergencia sanitaria, a tenor del daño inmediato y los efectos prácticos que produce a los trabajadores que se ven afectados por cualquiera de las conductas prohibidas por el antedicho Decreto".
Finalmente, se apuntó que "la decisión del gobierno nacional requiere una política por parte del gobierno provincial a fin de intentar tornar realidad efectiva dicha decisión para todos y todas las bonaerenses".
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