Daniela Arrabit, presidenta del Concejo Deliberante de Dolores, dijo que tomó la decisión de suspender la sesión del lunes 14 porque “no estaba en condiciones de garantizar” lo ordenado por el juez en lo contencioso administrativo, Marcelino Escobar, en relación con la suspensión del tratamiento de la rendición de cuentas del año 2017.
Los concejales de los dos bloques opositores habían presentado una medida cautelar solicitando que no se trate la rendición porque el Ejecutivo no les había posibilitado la lectura y estudio de la documentación que acompaña a la rendición de cuentas.
Arrabit dijo que, aunque “el poder judicial no puede intervenir en el poder legislativo, como tampoco correspondería viceversa”, el lunes presentó “una nota al juez porque no puedo garantizar que no se trate, porque por reglamento interno, cualquiera de los concejales, fuera del orden del día, pueden levantar la mano y hablar del tema”.
Arrabit consideró que el juez interfiere en otro poder y que “desde el primer momento el expediente con la documentación respaldatoria estuvo a disposición de los concejales para que pudiesen analizarlo.
“El criterio de la oposición es judicializar todo, no entiendo qué es lo que buscan porque le acercamos al juez la notificación de cada una de las reuniones de la comisión de Hacienda y Presupuesto donde se pone en tratamiento el expediente y las actas firmadas por los concejales que asistían a esas reuniones”, dijo la presidenta del cuerpo.
“En esas actas bien discriminado qué expediente se trata se aclara que se pone a consideración el expediente y la documentación respaldatoria. Ninguno de los que asistieron firmó en disconformidad”, señaló.
Dijo, además, que “los decretos se los han ofrecido, bajo la supervisión de los responsables de áreas, como corresponde”, al tiempo que consideró que la actitud de los bloques opositores “tiene que ver con la negación de lo que el pueblo de Dolores dijo en las urnas”.