Día del Respeto a la Diversidad Cultural: por qué se conmemora el 12 de octubre y cuándo se adoptó esa denominación
La fecha fue resignificada en Argentina en función de revalorizar la cultura, la historia y el patrimonio de las comunidades nativas y promover la diversidad y los derechos humanos de todos los pueblos.
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La Argentina instauró el “Día de la Raza” por un decreto nacional de Hipólito Yrigoyen del año 1917.
Cada 12 de octubre en Argentina se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una denominación que se adoptó a partir de 2010, con el decreto 1584 del Poder Ejecutivo, por entonces a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, se dejó atrás el “Día de la Raza” que hacía foco en “la conquista” de América y enfatizaba el predominio de la cultura europea.
Los argumentos fueron que se buscaba así darle “un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”. Con esta iniciativa, se promueve el análisis y reflexión histórica, el diálogo intercultural, el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios que se encuentran en el territorio de lo que hoy es la Nación Argentina.
De esa forma, se establece un cambio de paradigma y se da espacio al reconocimiento de una identidad múltiple y una valoración de la inmensa cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios.
Por su parte, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sostiene que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En ese entendimiento, nuestro país aprobó en 2007, por Ley 26.305, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
El respeto a la diversidad cultural propicia la construcción de sociedades diversas, respetuosas de los Derechos Humanos, y constituye, por tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones.
Con ese espíritu se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), un organismo cuya función es promover y proteger los derechos de los pueblos originarios a través de las políticas que se establecen, planifican y definen con la participación de los mismos pueblos y comunidades.
Por medio de la Ley 23.302 (1985) se creó este Instituto y se declaró “de interés nacional la atención y apoyo a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes”.
Más tarde, la reformada Constitución Nacional de 1994 -en el artículo 75, inc.17- dejó establecida una serie de derechos que se suman a los consagrados en los instrumentos de rango internacional. Hoy en día, son los que dan lugar a cientos de reconocimientos territoriales enmarcados en la Ley 26.160 y sus prórrogas que, desde 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, e impide los desalojos.