02 OCT 2024 - 15:58 |
Sociedad
Historias
De ayer a hoy: los prostíbulos y la trata de personas en la Región
Una mirada retrospectiva sobre la cuestión –sin obviar el presente– a partir de la reciente evocación del caso de las dominicanas que fueron víctimas de trata en un cabaret de General Madariaga que pertenecía a una mujer de Dolores.
La prostitución en Argentina es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente. (Foto: La Noticia 1)
En estos días, los estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 5 de General Madariaga volvieron a traer a la memoria una historia que recogieron varios medios de comunicación: la de las mujeres dominicanas que fueron víctimas de trata en un prostíbulo de esa ciudad y que luego, para escapar a la Justicia, fueron obligadas a casarse con hombres del lugar.
El caso ocurrió en 1998 e involucró a la dueña del cabaret donde eran explotadas, la dolorense María Killamet. “La Tía Mary”, como se la conocía, tuvo un final trágico: años más tarde la atropelló un auto mientras cruzaba para tomar el colectivo, paradójicamente, de espaldas a las puertas de su ya clausurado cabaret.
La actividad de los chicos, junto con su profesora Sheila Acosta Anzalone, consistió en realizar un informe respecto al funcionamiento de los cabarets para lo cual recorrieron y fotografiaron cada uno de esos lugares, hoy abandonados o reconvertidos en comercios legales.
El caso de las mujeres dominicanas traídas con engaños a la Argentina y obligadas a prostituirse tiene larga historia en todo el país y la Región y, lamentablemente, es un delito que continúa desarrollándose en estos tiempos.
Desde 2008, según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), 799 personas fueron condenadas por este delito. Un dato notable: el 3,4% de los condenados fueron funcionarios públicos. En estos procesos se registraron un total de 1.806 víctimas, de las cuales casi el 10% eran menores de edad.
La captación, una variación
La historia del proxenetismo suele tener un patrón común: jóvenes pobres son captadas –muchas veces con falsas promesas de trabajos–, llevadas a lugares alejados de su lugar de residencia y luego obligadas a ejercer la prostitución.
El historiador dolorense Ángel Ernesto Fortini investigó sobre la existencia en Dolores de una gran cantidad de prostíbulos en el barrio cercano a la estación de trenes, desde mediados del siglo XIX. Estaban reconocidos por ordenanza municipal bajo el nombre de “Casas de Tolerancia”, lo que implica toda una declaración de principios de la doble moral de la época.
Una ordenanza de 1911 establecía que “toda prostituta está obligada a someterse dos veces por semana a la inspección facultativa del médico municipal”, una práctica que se mantuvo hasta finales del siglo XX.
Las prostitutas estaban registradas en libros en los que constaban sus datos y su fotografía. Muchas de esas mujeres eran extranjeras, provenientes de países de Europa Central, lo que permite suponer la existencia de ramificaciones de redes internacionales de trata, como la famosa Zwi Migdal, que operó en el país hasta 1937. Esta organización se especializaba en la prostitución forzada de mujeres que reclutaba en aldeas del Este de Europa. En su apogeo, luego de la Primera Guerra Mundial, la organización tenía más de 400 miembros en la Argentina. Llegó a tener ganancias anuales por más de 50 millones de dólares. Su sede se encontraba en Buenos Aires, y tenía sucursales en otras ciudades del mundo.
En el siglo XXI, las redes sociales suelen ser vehículo para la captación, aunque el delito sigue teniendo las mismas características de siempre. En 2021, ENTRELINEAS.info daba cuenta de la detención de dos hombres, uno de ellos empleado municipal de General Pirán, por haber contactado a través de Facebook con falsas promesas de trabajo al menos a dos jóvenes venezolanas, traerlas al país y luego obligarlas a prostituirse.
Cabarets, whiskerías, eufemismos
El prostíbulo más famoso de la segunda mitad del siglo XX en Dolores fue el de María Yori, conocida en la ciudad como “La Renga”. Funcionó hasta los ‘90, en el mismo barrio de la estación donde se generó el polo prostibulario que historió Fortini.
Otros tuvieron los nombres eufemísticos de cabarets o whiskerías y fueron desarticulados a comienzos del siglo XXI. En 1991 se dictó una ordenanza que prohibió “el funcionamiento de wiskerías, cabarets, boites y bares nocturnos atendidos por alternadoras y/o coperas dentro del radio urbano de la ciudad”. Eran tiempos de locales como “El Puente”, ubicado junto al canal 9, o “Las Piedritas”, en la ruta 63, así como otros que funcionaban en lo que hoy se llama Pasaje Carlos Gardel.
En 2005, tras la tragedia de Cromañón, se dictó una nueva ordenanza regulando “confiterías bailables, discotecas, discos, bares dancing y/o asimilables”. La ordenanza tiene un extenso articulado en el que se habla de requisitos edilicios y de seguridad, fuentes sonoras, horarios y concurrencias. Allí se establece que los bomberos serán los encargados de realizar la inspección técnica para habilitar los comercios.
En 2012 se reformó la ordenanza de 2005, introduciendo una modificación en la definición de cada uno de los locales regulados. En el inciso d) del artículo segundo se define a las whiskerías como “establecimiento total o parcialmente atendido por personal femenino donde se expenden bebidas, no se sirven comidas y no se realizan bailes”. Para 2015, una nota de ENTRELINEAS.info daba cuenta de que estaban desarticulados.
En todos estos sitios era habitual que las mujeres formaran parte –involuntariamente– de un “circuito de rotación”, esto es, permanecían poco tiempo en un local y luego eran trasladadas a otro, como los cabarets de General Madariaga, para evitar ser localizadas.
Argentina y la prostitución
La prostitución en Argentina es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente. Es decir, no se condena a quien la ejerce, pero el proxenetismo y la trata de personas sí es un delito, y se pena con prisión de 4 a 6 años, aunque medie el consentimiento de la víctima.
Para distinguir a una trabajadora sexual de una explotada, la Justicia hace hincapié en el ámbito en el que se desarrolla. Si se hace de forma privada, no es ilegal. En cambio, si se publica un anuncio, constituye un delito. Por tal motivo fueron prohibidos los clasificados conocidos como “Rubro 59”, que aparecían en los diarios de mayor circulación del país.
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