El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava citó a indagatoria para el próximo jueves a Martín Yeza, intendente de Pinamar, en el marco de una causa que investiga cómo se robaron “Tarjetas Alimentar” de la sede de la municipalidad, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El jefe comunal deberá explicar por qué no habría dictado medidas en el marco de su cargo frente a esta causa.
A fines de julio, el Banco Provincia había intimado a Yeza a que devolviera $ 2.050.990 por el escándalo generado con las Tarjetas Alimentar. En ese momento, el intendente de Juntos por el Cambio insistió en que Ponce ya había sido desplazada de su cargo y sostuvo que “estamos a disposición de la justicia, como siempre”.
Hasta ahora, el caso de las Tarjetas Alimentar en Pinamar había apuntado contra los ladrones de las tarjetas -la secretaria de una funcionaria- y los que aparecían cobrando los beneficios. Sin embargo, ahora, el juez Bava activó una segunda parte de esa investigación en búsqueda de responsabilidades políticas en esa presunta malversación de fondos del Estado.
El 29 de septiembre pasado, el juez procesó a dos funcionarios de Pinamar por presunta negligencia o imprudencia frente a ese robo que provocó una defraudación de 2 millones de pesos: el actual secretario de Desarrollo Social, Javier Tumas (44) y la ex directora de Gestión y Control Territorial, Nora Ponce (47).
Tumas está de licencia sin goce de sueldo desde que se conoció su procesamiento. Ponce fue la denunciante de la causa por presuntas irregularidades en el reparto de esta asistencia. La investigación derivó en allanamientos y detenciones porque se corroboró que se habían robado tarjetas y se las habían dado a comerciantes amigos para “vaciarlas”.
El eje de la acusación era Andrea Ríos, de 52 años, la secretaria de Ponce que -afirmó la acusación- se apoderó de al menos 55 Tarjetas Alimentar. Cuando le tocó declarar, Ríos rechazó los cargos. Afirmó que “nunca tuvo en su poder las tarjetas, que nunca las sacó de la oficina, que la tarjetas las manejaba directamente ‘su jefa’, la Sra. Nora Ponce, quien las tenía en una caja que ella (Ponce) llevaba y traía permanentemente”. Ríos esquivó las imputaciones diciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas (que tenía Ponce) quedaron debajo de la escalera ‘a disposición de cualquiera’”.
La Justicia también procesó a José “Pepito” Fons, marido de Ríos, a Nicolás Ambao, Carlos Fabián Rosas y Diego Borea. Todos fueron acusados por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, ya que fueron claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de múltiples operaciones”. Vía “Naranja Pos” registraron un gasto de $ 592.000 y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de $1.500.000.
Pero cuando la causa parecía encaminarse hacia juicio oral, el juez Bava activó la indagatoria de Tumas y Ponce, acusados de haber llevado adelante actos que, por acción o negligencia, permitieron que ese grupo de personas se apoderara de dinero del Estado.
En el fallo al que accedió Infobae, Bava aseguró que Tumas, como secretario de Desarrollo Social, “omitió realizar los deberes propio de su cargo y omitió controlar adecuadamente a un dependiente que estaba bajo su órbita jerárquica (Nora Ponce), quien tenía a su cargo la ejecución, implementación y entrega de los plásticos de débito del programa Tarjetas Alimentar a sus beneficiarios”.
El fallo añadió que Ponce, mientras se desempeñó como Directora de Gestión y Control Territorial (diciembre 2019/febrero 2021), área que dependía de Tumas, deliberadamente omitió realizar los deberes propio de su cargo y deliberadamente omitió custodiar las “Tarjetas Alimentar” que debía entregar a sus beneficiarios, permitiendo que terceras personas (entre ellas Andrea Ríos) sustrajeran los efectos y caudales cuya administración y custodia estaban confiadas en función de su cargo.
Qué declararon los funcionarios procesados
En su indagatoria, Ponce negó los hechos, explicó que “por pedido del intendente administró y ejecutó la entrega de las tarjetas”, subrayó que ella no se apropió de los fondos y que desconocía quién los tomó. También resaltó que tuvo las tarjetas dentro de la esfera de su custodia personal (las llevaba consigo a su casa) hasta que en octubre de 2020 sufrió un robo (o intentos de robo) y decidió dejarlas en la Dirección, debajo de una escalera, la que si bien estaba en un lugar “no visible” y era inaccesible para el público, reconoció que estaba sin custodia y al alcance de todos.
En noviembre una persona se presentó a reclamar su tarjeta y a raíz de eso constató que varias de las tarjetas que estaban para entregar tenían “irregularidades”: registraban consumos que no fueron hechos por sus titulares. Fue por eso que se reportó la situación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Banco Provincia y a la asesoría Letrada de la Municipalidad, situación que derivó en la denuncia penal.
“La Sra. Ponce era la responsable del programa ‘Tarjetas Alimentar’ y quien tenía a resguardo los plásticos, como también todos contestaron que Tumas era quien debía vigilar y controlar esa gestión (y no lo hacía)”, dijo el fallo. “No hay dudas en cuanto al alcance y deberes que pesaban sobre la Sra. Ponce, como tampoco la obligación que asumió de custodiar y resguardar las ‘Tarjetas Alimentar’ que recibió del Banco Provincia para entregarlas a sus beneficiarios. Así las cosas, entiendo configurado un grave y deliberado incumplimiento al deber de resguardo y custodia que pesaba sobre la Sra. Ponce en su rol de funcionaria pública a cargo de la Dirección de la DGDCT, pues -como se ha dicho- los consumos de saldos de las tarjetas involucradas (al menos 55) fueron realizadas por parte de terceros (y no por parte de sus titulares) cuando ellas estaban en la esfera de custodia”, indicó el juez en su resolución.
Lo mismo corrió para Tumas que, “en su rol de funcionario público a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social”, dijo el fallo, “no efectuó las verificaciones ni controles que debía realizar sobre la gestión y desarrollo del programa ‘Tarjeta Alimentar’, como tampoco arbitró las diligencias necesarias para verificar si estaban debidamente resguardadas las tarjetas plásticas que Ponce tenía en custodia” y remarcó que ninguno de los dos fue diligente “para cuidar los bienes que les confirieron en custodia, además que tampoco velaron por su debido resguardo”.
“No puedo dejar de lado que ninguno de los dos acudió a las vías jerárquicas para dar cuenta de las irregularidades que conocieron en su momento”, afirmó Bava. El juez consideró que Tumas denunció la irregularidad 3 meses después de conocido el hecho y “solo a raíz de la exposición pública que tuvo el allanamiento que realizó la Justicia Local”, en tanto que “Ponce no informó adecuadamente a su superior jerárquico las irregularidades, dando cuenta de que sólo transmitió las novedades al Asesor Letrado del Municipio descartándose que se haya tomado alguna acción administrativa en ese momento”, señaló el procesamiento.
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