Los responsables de la Agencia Federal de Inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron convocados a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores para la próxima semana, por maniobras de espionaje ilegal en una nueva causa. También se les trabó un embargo sobre sus bienes por 20 millones de pesos.
El juez Alejo Ramos Padilla resolvió hacerlo luego de encontrar pruebas de maniobras de espionaje ilegal llevadas adelante por la AFI en 2017, en el marco de la campaña electoral, que incluyeron políticos, dirigentes sindicales, actos partidarios, comedores comunitarios o marchas por la muerte de Santiago Maldonado. A partir de esta investigación también se conoció que la AFI dirigida por Arribas y Majdalani espiaba a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
En un fallo de 342 páginas el juez describe el funcionamiento de las llamadas Bases AMBA, esto es, unidades de inteligencia que accionaron oficialmente entre abril y diciembre de 2017, aunque no descarta que sus actividades se hayan iniciado antes.
El jefe de estas organizaciones era Pablo Pinamonti, en tanto que Ricardo Boglioluk, uno de los detenidos de la banda de Marcelo D’Alessio, estaba a cargo de la base Ezeiza, aunque toda la organización reportaba semanalmente a la cúpula de la AFI.
Contraviniendo la Ley Nacional de Inteligencia Nº 25.520 y la Constitución Nacional, “en las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”.
Así se espió a partidos políticos, organizaciones sociales e incluso, comedores y merenderos comunitarios. El grado de intensidad de este espionaje está puesto en que se consignaron en fichas –al mejor estilo de la inteligencia ilegal que la DIPPBA desarrolló en época de la dictadura y posteriormente, hasta su disolución en 1997– con los nombres de dirigentes, simpatizantes y participantes en actos, de sus familiares y sus lugares de trabajo.
También se realizaron tareas de espionaje sobre marchas, misas y reclamos por Santiago Maldonado y hasta un reclamo por un semáforo descompuesto en una esquina del Gran Buenos Aires.
Las bases AMBA eran 6 y a ellas se sumaron otras 3 ubicadas en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Del análisis de la documentación referida a la base Mar del Plata se extrajo el material sobre espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Fotos, filmaciones, ciberpatrullaje e incluso encuestas de opinión sobre los candidatos para las elecciones del 2017, figuran entre la prueba obtenida de 148 archivos.
Un párrafo aparte merece la retórica utilizada en estos informes, que se corresponde estrechamente con la del aparato represivo de la última dictadura militar: uno de los archivos se llamaba ANARQ. ZURDINHOS_43566.docx, en otro se habla de “plan sistemático de obstrucción de las autoridades” y de “grupos muy ideologizados”. En otro texto se cita un libro llamado La guerra psicológica, “editado en el año 1982 por el ex Coronel de Artillería Fernando Frade Merino, formado en la Escuela de Guerra Especial de los Estados Unidos, y cuyo texto refiere a la utilización de golpes de efecto psicológico en la lucha antisubversiva”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.
01 de abril. Reemplazará a Leandro Lurati y mantendría bajo su órbita la Administración del Estadio “Ciudad de La Plata”, según informó la periodista Macarena Ramírez.
31 de marzo. Funcionará en el Centro Universitario Puentes de Santa Clara del Mar y la matrícula inicial será de 30 alumnos.
10 de marzo. El hecho ocurrió en San Clemente, donde viven los hijos de Ricardo Chaar, el productor ganadero que radicó una denuncia penal contra Nahuel Guardia.