14 NOV 2019 - 13:16 |
Sociedad
Políticas públicas de salud
Reclaman la urgente reglamentación de ley de autismo, que lleva 5 años sin aplicarse
Se aprobó en comisión un proyecto de resolución presentado por "Bali" Bucca, diputado Nacional por la Provincia, en el que solicita al Poder Ejecutivo que cumpla con lo que la organización TGD Padres TEA considera una “responsabilidad ética y moral” de Macri.
“Bali” Bucca impulsó el pedido para que se reglamente una ley que busca tener una política pública para el tratamiento del TEA.
Familiares de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y organizaciones que trabajan con esta patología esperan desde hace más de 5 años que empiece a regir la ley 27.043. A raíz de esta incomprensible dilación por parte del Gobierno Nacional, el martes 12 de noviembre se aprobó en comisión un proyecto presentado por el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Eduardo “Bali” Bucca, para aplicar dicha ley.
El proyecto de resolución “solicita al Poder Ejecutivo Nacional tenga a bien reglamentar la ley 27.043 que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos de Espectro Autista (TEA)”, sancionada en noviembre del 2014.
Por su parte, Bucca manifestó que “aprobamos un nuevo pedido al gobierno nacional para avanzar con este tema que no puede esperar más”. El 2 de noviembre, según consignó el portal lanoticia1.com, la organización TGD Padres TEA entregó una carta en Casa Rosada dirigida a Macri y Michetti para que reglamente la ley afirmando que “esta gestión tiene la responsabilidad ética y moral de reglamentar la ley antes de que termine su mandato presidencial”.
"La falta de reglamentación -agregó Bucca- hace que la incidencia de la ley sea casi nula y es un obstáculo para lograr la efectivización de los derechos reconocidos a la población afectada por TEA. Deseamos que el Poder Ejecutivo Nacional haga operativa esta ley, que va a cambiar positivamente la vida de muchas personas y familia".
Y aseguró: "Hoy los padres siguen teniendo que litigar judicialmente para que sus hijos e hijas reciban el tratamiento correspondiente y hasta el momento no se han llevado adelante los estudios de incidencia que exige la ley y que no permiten poder tener una política pública exitosa y focalizada en un drama que afecta cada vez a más niños y familias en todo el país”.
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