Unas 300 personas denunciaron penalmente haber sido estafadas por uno de los emprendimientos más lujosos de Pinamar, gestionado por Enrique Guillermo y Jorge Enrique María Shaw, junto a las empresas Pinamar Sociedad Anónima Forestal, Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial e Industrial (más conocida como Pinamar S.A.), Imfi S.A. y Caec S.A.
El juez en lo Criminal y Correccional Diego Slupski y el fiscal Eduardo Rosende trabajan en la causa que tiene como damnificados a unos 100 vecinos residentes en Pinamar y a otros 200 inversores oriundos de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano, según la investigación publicada hoy por Infobae.
Se trata “La Herradura”, un proyecto inmobiliario que se creó hace más de 20 años con la promesa de ser un exclusivo barrio privado instalado en el bosque que incluía desde canchas de polo hasta áreas de equitación y recreación. Pero ahora los dueños de la empresa quieren vender esas áreas comunes, que mantenían los vecinos, y así generar más ganancias.
“Está claro que aquello que promocionaba Pinamar S.A. era la venta de terrenos en un barrio privado de la ciudad de Pinamar, dotado de cercos perimetrales, seguridad privada, áreas verdes, ‘Club House’, canchas de polo, áreas deportivas con canchas de tenis y fútbol, jaulas de golf, piscina, etc. Nunca nadie dudó de lo que se ofrecía. Mucho menos proviniendo de la empresa que se jacta de ser la fundadora de la ciudad de Pinamar”, aseguró el abogado Diego Pirota, uno de los vecinos perjudicados, en la demanda.
“Enrique Guillermo Shaw y sus socios ahora pretenden lotear y vender un espacio -área deportiva- que nos habían dicho que pertenecía a un barrio privado que nunca existió como tal. Nos engañaron cuando nos vendieron los lotes, y nos pretenden seguir engañando hoy cuando nos quieren quitar espacios que nos vendieron”, agrega la demanda.
“Hoy no solo sabemos que lo que compramos no es un barrio privado sino que además los desarrolladores buscan comercializar el área que comprende el sector deportivo para lotearlo y continuar vendiendo lotes individuales, privándonos de ese modo de la única área deportiva de todo el predio. Un verdadero disparate que evidencia el engaño del que hemos sido víctimas”, se sostuvo en la presentación judicial.
El artículo 172 del Código Penal castiga “con prisión de un mes a seis años al que “defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
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