La disolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los anuncios de despido de personal despertaron la inquietud en las diversas agencias que la entidad tiene, entre ellas, la que está ubicada en la ciudad Dolores. Si bien desde la entidad no hubo ninguna información oficial aún, entre los empleados la falta de información motiva por estas horas una mayor inquietud.
En la sede dolorense trabajan en la actualidad 13 empleados. La última incorporación es de hace un año y medio, otro trabajador lleva unos 7 años desde que ingresó y el resto son empleados de alrededor de 30 años de antigüedad, a los que les falta entre 5 y 7 años para jubilarse.
Ayer el gobierno nacional anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación en su lugar de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según se indicó, se reducirán en un 45% los cargos superiores y en un 31% los inferiores. En total, se eliminará el 34% de los cargos públicos de la estructura, lo que reportará, según el vocer del presidente Javier Milei, un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.
La postura del sindicato nacional
Desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), encabezado por Pablo Flores, expresaron que la medida del gobierno es “un premio a los evasores” y que el pase a disponibilidad de los 3.155 trabajadores es en base a una “estigmatización y persecución política”. Agregando a ello que “la Constitución y nuestro CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) son sostén de la estabilidad del empleo público ante los despidos arbitrarios”.
“Repudiamos el vaciamiento del Estado y una intencional política tributaria a favor de los grandes grupos económicos y los sectores más pudientes de la sociedad, ya que lejos de generar ahorros, con esta medida se profundiza la disminución de la capacidad recaudatoria”, subrayaron desde la organización que conduce Pablo Flores.
“Desde su creación la Administración Federal de Ingresos Públicos significó un avance de las capacidades de recaudación y fiscalización del Estado, porque unificó diferentes órganos de recaudación, profesionalizó la planta de personal, mejoró tecnológicamente al organismo (…) y unificó normativas, procedimientos, estrategias e independencia”, detallaron.
“No vamos a convalidar ni tolerar esta política unilateral de avasallamiento de derechos y destrucción de las fuentes de trabajo”, concluyeron.
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