La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del pediatra Carlos Kambourian, quien presta servicio en el sistema de salud de Pinamar y es expresidente del Consejo de Administración del Hospital Nacional de Pediatría “Juan Garrahan”, por usar fondos de esa institución para gastos personales.
El procesamiento del responsable del área de pediatría de Pinamar, contratado por la gestión del intendente Martín Yeza, confirma lo dispuesto por el juez federal Luis Rodríguez a instancias de una investigación realizada por la fiscal Alejandra Mangano, con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Cabe señalar que la medida judicial también alcanza al exdirector administrativo del nosocomio, Alan Norton. Los imputados fueron procesados como “autores responsables del delito previsto en el artículo 248, en concurso ideal con el 261 del Código Penal”, o sea, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
“Es razonable concluir afirmando que Kambourian y Norton, pese a estar alertados y conocer que no existía respaldo normativo, utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio”, detallaron los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah en el fallo citado por la agencia oficial Télam.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia efectuada por Guillermo González Prieto, mientras ejercía la presidencia del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría del Garrahan. Prieto fue quien puso en conocimiento de la instrucción la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos asignados a ese centro de salud.
Ambos directivos están sospechados de usar dinero destinado a “gastos de representación, gastos operativos de oficina, actividades protocolares y movilidad” en cuestiones personales. Según la acusación, entre mayo de 2018 y enero de 2020 los imputados se valieron de tarjetas corporativas Visa emitidas por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para solventar gastos personales.
“Las primeras irregularidades se verificaron de inicio, es decir, en el procedimiento previo a la implementación del uso de la tarjeta de crédito corporativa: los distintos dictámenes de los órganos internos alertaban sobre la necesidad de dar marco normativo a su implementación en tanto aquella era un mecanismo de pago, no ‘una autorización para gastar’ y que, en ausencia de disposición específica, sólo podrían aplicarse las disposiciones atinentes al fondo rotatorio y las cajas chicas. Ni unas ni otras contemplaban su uso del modo posteriormente verificado en autos”, afirmaron los camaristas.
Entre los ejemplos de gastos injustificados, el tribunal de apelaciones citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa para eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian.
“Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto”, completaron los magistrados.
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