El fiscal Lisandro Damonte, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Cañuelas, solicitó la apertura de una investigación penal, separada de la causa inicial, contra ella para determinar si conocía o fue parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho.
"Desde el primer momento, y en base a las pruebas aportadas, la Comisión Provincial por la Memoria sostuvo que la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol", señalaron en un comunicado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
"Este pedido también fue realizado por las familias de las víctimas que, a pesar de las interpelaciones públicas a la intendenta, nunca obtuvieron una respuesta acorde al dolor que sufrieron", indicaron en un comunicado desde la CPM, que representa legalmente a dos de las familias de las víctimas y que también solicitó que el funcionario Nelson Julio Barrios sea investigado por el mismo delito.
La causa por la muerte de los cuatro adolescentes (Danilo, de 13 años; Camila, de 13; Gonzalo, de 14 y Aníbal, de 22), ocurrida el 20 de mayo pasado, tiene 13 imputados: 4 policías bonaerenses por el delito de homicidio y otros 8 por encubrimiento. El ex secretario de seguridad de San Miguel del Monte también está acusado por encubrimiento e incumplimiento de deberes del funcionario público.
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